CSW70: una votación bajo tensión para los derechos de las mujeres
Publicado el 10/04/2026.
La 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70) se celebró en Nueva York del 9 al 19 de marzo de 2026. Órgano funcional del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Comisión, creada en 1946 y compuesta por 45 Estados miembros, constituye el principal foro intergubernamental dedicado a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres.
Cada año, la CSW reúne a Estados miembros, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil en torno a un tema prioritario para evaluar los avances logrados, identificar los desafíos persistentes y orientar la acción pública a escala internacional. Estas negociaciones culminan con la adopción de “conclusiones convenidas”, que sirven de referencia para las políticas públicas relativas a los derechos de las mujeres.
En 2026, estas conclusiones se centraron en el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas. Por primera vez en la historia de la Comisión, el texto final no se adoptó por consenso, sino mediante votación: 37 Estados votaron a favor, seis se abstuvieron y uno votó en contra (Estados Unidos). Este precedente pone de manifiesto un endurecimiento de las divisiones entre los Estados en torno a varios conceptos clave relacionados con la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y, más ampliamente, las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres.
Análisis.
Un marco multilateral debilitado por tranformaciones institucionales y financieras
Esta 70ª sesión de la Comisión se desarrolló en un contexto de retroceso global de los derechos de las mujeres en varias regiones del mundo, de crisis del multilateralismo y de reducción de la financiación internacional. La disminución generalizada de la ayuda oficial al desarrollo, unida al desmantelamiento de la agencia estadounidense de desarrollo USAID, al anuncio de la retirada de Estados Unidos de ONU Mujeres a comienzos de 2026 y a la ampliación de la “Global Gag Rule”, ha debilitado la arquitectura institucional existente y reducido la capacidad de acción del sistema de las Naciones Unidas.
Paralelamente, el proyecto de fusión entre ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco de la reforma de las Naciones Unidas “UN80”, suscita interrogantes sobre una posible evolución de los mandatos y las prioridades de estas agencias. Varias organizaciones alertan sobre el riesgo de que las cuestiones específicas de la igualdad de género pierdan visibilidad en un marco institucional más amplio, precisamente en un momento en el que se intensifican los ataques contra los derechos de las mujeres.
Conclusiones convenidas centradas en el acceso a la justicia
En este contexto, los Estados miembros negociaron conclusiones convenidas dedicadas al tema “Garantizar y reforzar el acceso de todas las mujeres y niñas a la justicia”. El texto final llama a reforzar los marcos jurídicos, a luchar contra las discriminaciones sistémicas y a mejorar la respuesta frente a las violencias basadas en el género.
Estas orientaciones responden a un diagnóstico alarmante: según las Naciones Unidas, las mujeres disponen, de media, de solo el 64 % de los derechos jurídicos reconocidos a los hombres. Persisten lagunas importantes, en particular en la consideración del consentimiento en la definición de la violación, la igualdad salarial o la lucha contra el matrimonio infantil.
El texto adoptado afirma que el acceso a la justicia constituye una condición esencial para la igualdad de género a lo largo de toda la vida. Identifica obstáculos persistentes: leyes y prácticas discriminatorias, normas sociales desfavorables, desigualdades de poder, así como formas de discriminación múltiple (relacionadas, por ejemplo, con la discapacidad, el origen o el estatus migratorio).
Las conclusiones adoptadas en la CSW70 se inscriben en la continuidad de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Establecen varias prioridades internacionales para reforzar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas:
Principales ejes del texto:
- Salud y Derechos sexuales y reproductivos (SDSR): reafirmación del compromiso con el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos.
- Violencias de género: refuerzo de los compromisos para prevenir y responder a las violencias, incluidas las facilitadas por las tecnologías y en línea.
- Conflictos y crisis: mayor atención al acceso a la justicia y a las reparaciones en contextos humanitarios y de conflicto, en particular para las violencias sexuales.
- Interseccionalidad: reconocimiento claro de las discriminaciones múltiples como obstáculo principal para el acceso a la justicia.
- Sociedad civil: importancia de garantizar espacios seguros y financiación sostenible para las organizaciones implicadas.
El texto insta a los Estados y a sus socios a emprender reformas estructurales, eliminar las disposiciones discriminatorias, reforzar sistemas judiciales accesibles, inclusivos y sensibles al género, y garantizar una aplicación efectiva de los compromisos internacionales.
En la apertura de la CSW70, nueve gobiernos comprometidos con la iniciativa SheDecides publicaron además una declaración conjunta reafirmando su compromiso con la igualdad de género, la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, lo que ilustra el nivel de tensión que rodea actualmente estas cuestiones en los foros multilaterales.
Una ruptura procedimental que refleja divisiones más profundas
A pesar de la importancia de estos temas, las negociaciones fueron especialmente difíciles. Tras una retirada inicial de las negociaciones, la delegación estadounidense intervino con más de 90 enmiendas destinadas a eliminar o reformular varias referencias del texto, en particular aquellas relativas al cambio climático, a la integración de la perspectiva de género en los sistemas judiciales o a los mecanismos de reparación para las víctimas de violencia.
El recurso a la votación, inédito en la CSW, fue percibido por numerosas delegaciones y organizaciones feministas como una forma de preservar lo esencial de un marco normativo común. Al mismo tiempo, revela un debilitamiento de la práctica del consenso, que hasta ahora estructuraba los trabajos de la Comisión. En otras palabras, el texto se salvó, pero a costa de una ruptura procedimental que pone de manifiesto hasta qué punto resulta cada vez más difícil construir compromisos.
Otro episodio ilustra este endurecimiento. Estados Unidos fue también el único país en votar en contra de una resolución sobre “Las mujeres, las niñas y el VIH y el sida”, impulsada por Sudáfrica, debido a referencias a los derechos sexuales y reproductivos
Estrategias de influencia de Estados Unidos y tentativa de redefinición del marco normativo internacional
Más allá de las negociaciones formales, Estados Unidos multiplicó sus acciones de influencia fuera de la sede de las Naciones Unidas: organización de eventos paralelos con grupos conservadores y antiabortistas, movilización de redes de organizaciones conservadoras y difusión de un discurso que denuncia una supuesta “ideología de género”. Esta estrategia se inscribe en una continuidad política, marcada por el rechazo de ciertos compromisos internacionales en materia de igualdad de género y por la voluntad de recentrar los debates en la soberanía nacional y los “valores familiares”.
Esta estrategia también se tradujo, en el ámbito de las Naciones Unidas, en un intento de redefinir conceptos ya consolidados en el derecho y en los compromisos internacionales. Un proyecto de resolución sobre la “protección de las mujeres y las niñas mediante una terminología adecuada” pretendía afirmar que, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, texto fundacional para los derechos de las mujeres adoptado en 1995, el término “género” se limitaría a “hombres y mujeres”.
Esta interpretación fue ampliamente contestada por numerosos Estados y por la sociedad civil. En respuesta, el Women’s Rights Caucus, que agrupa a más de 900 organizaciones feministas, publicó una declaración instando a los Estados a rechazar esta iniciativa. El colectivo también advierte sobre el riesgo de precedente: reinterpretar a posteriori acuerdos internacionales podría debilitar el conjunto de los marcos normativos del sistema multilateral y cuestionar avances consolidados desde 1995.
La resolución fue finalmente bloqueada antes de ser debatida, tras una moción procedimental impulsada por Bélgica y Brazil. Este rechazo envía una señal política clara: la mayoría de los Estados se negó a abrir la puerta a una revisión de los avances normativos internacionales en materia de género.
Alianzas estructuradas y nuevas dinámicas de poder
Sin embargo, las posiciones estadounidenses no están aisladas. Encuentran apoyos en varios Estados, especialmente en el continente africano, como lo demuestran algunas posiciones adoptadas durante las negociaciones de la CSW70 o la presencia de diplomáticos en eventos paralelos conservadores organizados al margen de la Comisión.
Estas convergencias se basan tanto en afinidades ideológicas como en dinámicas geopolíticas más amplias. Desde finales de 2025, en el marco de su estrategia “America First”, Estados Unidos ha firmado una serie de acuerdos bilaterales, en particular en el ámbito de la salud, con varios países, entre ellos Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. Estos acuerdos, que representan varios miles de millones de dólares, se inscriben en un enfoque que prioriza las relaciones bilaterales y van acompañados de condiciones y prioridades susceptibles de influir en las políticas nacionales, especialmente en materia de salud reproductiva.
Sin establecer una relación mecánica entre financiación y posicionamiento diplomático, estos elementos muestran cómo se están reconfigurando las relaciones de poder: el multilateralismo retrocede, mientras que las relaciones bilaterales, las condicionalidades implícitas y las redes transnacionales adquieren mayor peso en la definición de las posiciones estatales.
Un punto de inflexión para las negociaciones multilaterales sobre los derechos de las mujeres
La CSW70 pone de manifiesto una creciente polarización de los debates internacionales sobre los derechos de las mujeres. Por un lado, una mayoría de Estados, agencias y organizaciones de la sociedad civil sigue defendiendo un enfoque amplio de la igualdad entre mujeres y hombres, que incluye el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra las violencias y el reconocimiento de las discriminaciones múltiples. Por otro, un conjunto de actores busca recentrar los debates en una definición restrictiva de los derechos reconocidos a nivel internacional y bloquear las evoluciones propuestas.
En definitiva, la CSW70 aparece como un momento clave. La votación inédita sobre las conclusiones acordadas, el fracaso de los intentos estadounidenses de redefinir el marco normativo internacional y la fuerte movilización de las organizaciones feministas muestran que una mayoría de Estados sigue oponiéndose a una revisión frontal de los avances logrados. Sin embargo, esta resistencia no debe ocultar lo esencial: el multilateralismo entra en una fase más conflictiva, más fragmentada y más inestable.
