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El ONUSIDA alerta sobre el riesgo de un resurgimiento de la epidemia de VIH a escala mundial. Según su último informe, los recortes en la ayuda internacional, combinados con restricciones crecientes de los derechos humanos en varios países, debilitan los servicios de prevención, detección y acompañamiento. En 2025, las pruebas de detección del VIH disminuyeron en un 22% en algunos países con alta prevalencia, mientras que el acceso a herramientas de prevención, como la PrEP y los preservativos, se redujo considerablemente, amenazado los avances logrados. El ONUSIDA estima que, sin un nuevo compromiso y acciones concretas, la epidemia corre el riesgo de volver a aumentar.

El International Center for Research on Women (ICRW) publica el “Índice de Igualdad de Género en la Política Exterior 2026”, que ofrece un marco comparativo para evaluar cómo los Estados integran la igualdad de género en sus políticas internacionales. El índice analiza el desempeño de los gobiernos en siete áreas clave. Más allá de los compromisos formales, mide la capacidad de las políticas para reducir las desigualdades estructurales y transformar las relaciones de poder.

El PNUD alerta sobre los efectos profundamente desiguales del peso de la deuda externa en los países del Sur Global. A medida que los Estados destinan una parte cada vez mayor de sus recursos al pago de la deuda, las mujeres son las primeras afectadas: pérdida de empleos, disminución de ingresos, sobrecarga de las tareas domésticas y retroceso en el acceso a los servicios públicos. Según el informe, esta presión ya habría provocado la pérdida de 55 millones de empleos femeninos y una disminución del 17 % de los ingresos por habitante. Las consecuencias también afectan a la salud, con un aumento de la mortalidad materna en los países más endeudados.

En su informe de 2026, la OIM destaca la contribución de las vías migratorias seguras y regulares al crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social. Aunque a mediados de 2024 se estimaba el número de migrantes internacionales en 304 millones (el 3,7% de la población mundial), el acceso a las oportunidades de migración sigue siendo desigual y favorece a las personas que viven en países de altos ingresos. En 2024, las remesas se estimaron en 905 mil millones de dólares, superando el total combinado de la ayuda oficial al desarrollo y la inversión extranjera directa.

En su informe Multilateral Development Finance 2026, la OCDE advierte de un punto de inflexión en el sistema multilateral. Tras décadas de crecimiento, las contribuciones de los principales donantes cayeron más de un 15 % en 2024 y podrían disminuir entre un 23 % y un 30 % de aquí a 2027, lo que revela una fuerte dependencia de un número limitado de donantes. Aunque los niveles de financiación se mantienen elevados a corto plazo, ya están surgiendo tensiones (ralentización de los programas, presión sobre las agencias), lo que supone riesgos para el apoyo a los países más vulnerables. El informe pide una mejor coordinación y reformas para preservar la eficacia del sistema.

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que establece oficialmente una política exterior feminista en Colombia, con el objetivo de integrar una perspectiva de género en la acción internacional del país. Colombia se compromete, en particular, a proteger a sus ciudadanas en el exterior, promover la igualdad en los acuerdos comerciales y defender los derechos de las mujeres en los espacios multilaterales, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como la agenda de “Mujeres, paz y seguridad”.

En 2024, el primer año en que la temperatura media mundial superó en 1,5°C los niveles preindustriales, 32 empresas de combustibles fósiles fueron responsables de la mitad de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, según los últimos datos de Carbon Majors.

En el marco del 24 de enero, Día Internacional de la Educación, Coalition Éducation lanza la voz de alarma: la multiplicación de las crisis está disparando las necesidades educativas a nivel mundial, mientras que la financiación disminuye debido a la retirada rápida y simultánea de varios donantes importantes. La ayuda a la educación podría así caer alrededor de un 25% entre 2023 y 2027.

Estos déficits tienen un coste humano y económico considerable. La UNESCO estima en 10 billones de dólares al año el coste de la falta de escolarización y de las deficiencias educativas, que además aumentan los riesgos de violencia y explotación, y podrían provocar hasta 200.000 muertes de aquí a 2030.

Ante esta situación, la organización hace un llamamiento a los donantes para preservar y reforzar sus financiaciones en favor de la educación, y exhorta a la comunidad internacional a hacer de esta un pilar central de las políticas de desarrollo, basado en el respeto de los derechos humanos.

¿Puede la solidaridad internacional reducirse a un enfoque “transaccional”? La administración Trump estaría considerando suspender la ayuda a las personas que viven con VIH en Zambia si las autoridades rechazan un acuerdo bilateral sobre minerales estratégicos, según France 24 y The New York Times.

El 27 de enero, Estados Unidos amplió la Global Gag Rule (también conocida como la Política de la Ciudad de México), condicionando toda su ayuda exterior civil no militar a restricciones más amplias. La medida ya no se limita al aborto: ahora prohíbe a los beneficiarios de financiación estadounidense (ONG, agencias humanitarias, organizaciones de las Naciones Unidas o gobiernos socios) llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la igualdad de género, los derechos de las personas LGBTQI+ y las políticas de diversidad, incluso cuando estén financiadas por otras fuentes.

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), los líderes de la ONU recuerdan que más de 4,5 millones de niñas siguen en riesgo en 2026, mientras que más de 230 millones de niñas y mujeres ya viven con las consecuencias de esta práctica. Hacen un llamamiento a un compromiso político y financiero sostenido para alcanzar el objetivo de eliminar la MGF de aquí a 2030, mientras los recortes presupuestarios amenazan los programas de prevención y apoyo a las supervivientes.

Los gobiernos reunidos en la 70ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas adoptaron sus Conclusiones Acordadas para reforzar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas en todo el mundo, a pesar de la polarización de los debates.