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    Estrategia española de cooperación feminista: alcance y orientaciones

    Publicado el 26/01/2026.

    En los últimos años, España se ha afirmado como uno de los Estados motores de la diplomacia feminista en Europa. Este compromiso se inscribe en una dinámica de largo plazo, que trasciende las alternancias políticas. Desde octubre de 2015, España ha desempeñado un papel clave al situar en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la Resolución 2242 sobre mujeres, paz y seguridad, marcando una etapa importante de su compromiso internacional en favor de la igualdad de género. Esta orientación se ha ido consolidando progresivamente a lo largo de los años, antes de ser formalizada y reforzada mediante la adopción oficial de una política exterior feminista en 2021, que convirtió la igualdad de género en una prioridad estructurante de la acción diplomática española.

    Este compromiso se inscribe en un contexto internacional cada vez más marcado por resistencias a las políticas de igualdad. En numerosos países, movimientos organizados cuestionan los derechos de las mujeres y las personas LGBTQIA+, así como las políticas en favor de la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Estos actores, a menudo calificados de movimientos «anti-derechos» o «anti-género», disponen de recursos financieros y de una influencia crecientes sobre los debates públicos y los procesos políticos.

    Según el informe The Next Wave del Foro Parlamentario Europeo (EPF), España figura entre los países de origen de financiaciones que apoyan iniciativas anti-género entre 2019 y 2023, procedentes de actores no estatales, en particular de organizaciones privadas, religiosas o de la sociedad civil. En este contexto de polarización creciente, y pese a las resistencias cada vez más visibles a las políticas de igualdad en el plano internacional, se ha mantenido en España un consenso institucional amplio y duradero, a lo largo de los distintos gobiernos, sobre la importancia de la igualdad de género en la acción exterior del país.

    Sobre esta base, en diciembre de 2025 se adoptó la Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española. Esta nueva estrategia constituye el marco de referencia para el conjunto de la cooperación internacional española y tiene por objetivo traducir los compromisos políticos en orientaciones operativas concretas, aplicables a todos los instrumentos de la cooperación: desarrollo, acción humanitaria, cooperación multilateral y financiera.

    La estrategia refleja el compromiso de España con el multilateralismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) des las Naciones Unidas y los marcos internacionales de protección de los derechos humanos y la igualdad de género. Se inscribe en la continuidad de la Guía de la Política Exterior Feminista (2021), del Plan de acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024), así como en un marco jurídico y estratégico reforzado por la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que consagra la igualdad de género y los derechos de las mujeres como objetivos centrales de la política de cooperación española.

    La adopción de esta estrategia se inscribe, por último, en una dinámica internacional proactiva: España acoge este año la próxima conferencia internacional sobre políticas exteriores feministas

    Más allá de una declaración de principios, la estrategia propone una lectura política, interseccional y transformadora de la igualdad de género. Reconoce las desigualdades como estructurales y entrelazadas con otras formas de discriminación, y afirma la necesidad de transformar las relaciones de poder, tanto en las sociedades asociadas como en las propias prácticas de la cooperación internacional. 

    «Definimos la cooperación para el desarrollo feminista como aquella que aborda las desigualdades estructura-les de género, con un enfoque interseccional, transformando las estructuras de poder que las perpetúan para lograr una redistribución igualitaria y sostenible.»

    Estrategia de cooperación feminista de la cooperación española.

    La estrategia se aleja de un enfoque limitado a los denominados «proyectos de género». Propone una definición política: actuar sobre las causas profundas de las desigualdades y sobre las relaciones de poder que las sostienen. Define la cooperación feminista como una cooperación que:

    • sitúa los derechos humanos en el centro, incluyendo explícitamente a las mujeres, las niñas y las personas LGBTQIA+;
    • se centra en las desigualdades estructurales (normas sociales, acceso a la toma de decisiones, control de los recursos, violencia y discriminaciones);
    • apuesta por una transformación sostenible de las relaciones de poder, más allá de ajustes técnicos.

    La estrategia adopta un enfoque interseccional: las desigualdades de género se intensifican cuando se combinan con otros factores (como la edad, la discapacidad, el origen, la situación migratoria, o la orientación sexual). Llama la atención sobre los grupos especialmente expuestos: niñas y adolescentes, personas LGBTQIA+, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes.

    Enfoques transversales

    La estrategia exige integrar varias perspectivas en todas las acciones, desde su concepción hasta su seguimiento:

    • los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, considerados tanto una cuestión de salud pública como un elemento central de la igualdad.
    • la lucha contra la pobreza y las desigualdades, reconociendo la «feminización de la pobreza» (trabajo de cuidado no reconocido, precariedad, trabajo informal, discriminaciones en el mercado laboral y acceso limitado a los recursos).
    • la justicia climática y sostenibilidad medioambiental, con una lectura ecofeminista atenta a los impactos diferenciados de las crisis.
    • la diversidad cultural, con atención al plurilingüismo y al diálogo intercultural.
    • la paz y la seguridad, a través del nexo «humanitario-desarrollo-paz» y la Agenda «Mujeres, paz y seguridad», destacando el uso de la violencia sexual como arma de guerra y la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz.

    La estrategia se estructura en cuatro pillares : derechos, representación, recursos, alianzas.

    Pilar 1 – Derechos

    Este pilar tiene por objeto garantizar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en su diversidad, una vida libre de violencia y el pleno ejercicio de sus derechos, e incluye:

    • la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia de género (sexual, económica, digital), así como las prácticas nocivas (matrimonio infantil, mutilación genital femenina);
    • el refuerzo de la protección de las víctimas y supervivientes (servicios, acompañamiento, marco jurídico);
    • la lucha contra la trata y la explotación, especialmente en contextos de crisis y conflicto;
    • el acceso a la justicia y la mejora de los sistemas judiciales;
    • el reconocimiento del «care» como cuestión central: el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse a uno mismo.

    Pilar 2 – Representación

    Este pillar tiene por objetivo facilitar la participación de mujeres en las decisiones políticas, económicas, culturales y sociales, así como su liderazgo.

    En particular, prevé:

    • la promoción de los derechos civiles y políticos y de la participación efectiva;
    • el refuerzo de las políticas públicas y los mecanismos institucionales de igualdad;
    • el empoderamiento y el liderazgo en los espacios de diálogo social, económico y cultural;
    • el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidados (remunerado y no remunerado);
    • el desarrollo de sistemas de salud;
    • la participación de las mujeres en la acción humanitaria, la gestión de crisis y la construcción de la paz.

    Pilar 3 – Recursos

    La estrategia reconoce que no habrá una cooperación feminista creíble sin los recursos humanos y financieros suficientes.

    Prevé:

    • la institucionalización del enfoque feminista en las instituciones de la cooperación española a todos los niveles;
    • la formación de los equipos y la prevención de la explotación y los abusos sexuales;
    • el aumento de la financiación dedicada a la igualdad y los derechos de las mujeres, con una financiación flexible, plurianual y accesible, adaptada a la realidad de las organizaciones feministas locales;
    • la mejora del acceso a la financiación para las organizaciones feministas, incluidas las más pequeñas;
    • el apoyo a los presupuestos sensibles al género y a la producción de conocimientos sobre la economía del cuidado;
    • el acceso al crédito y a los recursos productivos, especialmente para las mujeres rurales y las que trabajan en la economía informal.

    La estrategia también identifica una limitación del pasado: la igualdad de género se ha financiado principalmente a través de proyectos y organizaciones internacionales. Por lo tanto, insta a diversificar los instrumentos, como el apoyo presupuestario sectorial o el alivio de la deuda, y a construir una visión a largo plazo mejor coordinada.

    Pilar 4 – Alianzas

    Las alianzas son un pilar fundamental: se trata de colaboraciones voluntarias en las que los actores comparten objetivos, responsabilidades, recursos y riesgos. La estrategia pretende fomentar alianzas más horizontales y mejor adaptadas al trabajo con organizaciones feministas.

    Las prioridades de este pilar son las siguientes:

    • reforzar las colaboraciones con organizaciones feministas y de mujeres, especialmente a nivel local;
    • romper con la lógica «donante-beneficiario» y promover la experiencia de los actores locales;
    • apoyar a las defensoras de los derechos humanos, los territorios y el medio ambiente;
    • desarrollar la cooperación con universidades y centros de investigación para producir y compartir conocimientos feministas;
    • movilizar a las colectividades territoriales y al sector privado en torno al ODS 5, con exigencias en materia de normas sociales y derechos humanos.

    El texto también destaca el papel específico de los parlamentos y los parlamentarios, así como el potencial de la diplomacia parlamentaria, en la construcción de consensos políticos y el apoyo a las políticas de cooperación.

    La estrategia se aplica a todas las modalidades de la cooperación española: bilateral, multilateral, humanitaria, cooperación financiera, educación para el desarrollo y cooperación descentralizada. Hace hincapié en la coherencia: integrar el enfoque feminista desde la concepción, durante la implementación y luego en el seguimiento y la evaluación.

    A nivel internacional, España se apoya en asociaciones europeas (DG INTPA, ECHO), multilaterales (ONU Mujeres, FNUAP, CEPAL) y en la OCDE (Comité de Ayuda al Desarrollo, la red GENDERNET, el índice SIGI, la coalición EPIC). La estrategia también destaca la cooperación con países que comparten una política exterior feminista, las redes de organizaciones feministas y de mujeres, así como el papel específico de una embajadora para la política exterior feminista en el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

    A nivel nacional, la dirección se basa en un amplio ecosistema de actores, coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), en particular a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Varios ministerios, entre ellos los de Igualdad, Inclusión y Migraciones, Sanidad, Interior, Derechos Sociales y Justicia, así como instituciones judiciales como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado completan este dispositivo.

    La Ley 1/2023 española exige que la cooperación española se dote de un sistema estructurado de seguimiento de sus acciones. Este seguimiento debe ser realizado por las entidades que ejecutan los proyectos y combinar una dimensión cuantitativa, relativa a la financiación, los recursos movilizados y los resultados obtenidos, y una dimensión cualitativa, destinada a analizar los avances, la coherencia y el carácter transformador e interseccional de la estrategia. La evaluación constituye otro pilar fundamental del dispositivo. Está coordinada por la nueva Oficina de Evaluación de la Cooperación Española (OECE), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

    Una cuestión fundamental es la de los datos: la estrategia promueve el uso de indicadores desglosados por género, pero también de indicadores capaces de medir cambios más profundos (relaciones de poder, redistribución del care, reducción de las desigualdades en materia de derechos) en el conjunto de las acciones de la cooperación española, y no solo en los proyectos dedicados explícitamente al género.

    España es el único país, junto con los Países Bajos, que dedica al menos el 20 % de su ayuda oficial al desarrollo a la promoción directa de la igualdad. De media, durante el periodo 2022-2023, el 50 % de su ayuda bilateral contribuyó a la igualdad de género, de la cual el 23 % tuvo la igualdad como objetivo principal (291 millones de dólares) y el 28 % como objetivo significativo (353 millones de dólares).

    España ocupa el sexto lugar entre los donantes en materia de financiación a organizaciones y movimientos de defensa de los derechos de las mujeres e instituciones gubernamentales, con una asignación media de 47 millones de dólares durante el periodo 2022-2023.

    La estrategia establece un objetivo cuantificado en materia de integración de la perspectiva de género en las intervenciones. De este modo, fija un rumbo claro: al menos el 60 % de las nuevas intervenciones deberán integrar resultados de desarrollo claramente positivos para la igualdad de género, como primer paso hacia el objetivo del 85 % fijado por el Plan de Acción de la Unión Europea para la Igualdad de Género (GAP III).

    No obstante, este objetivo se refiere a la calidad y la orientación de las intervenciones, y no a los volúmenes financieros movilizados. La estrategia no define una trayectoria presupuestaria específica ni objetivos cuantificados en relación con la parte de la ayuda pública al desarrollo asignada a la igualdad de género. Por lo tanto, la consecución de sus ambiciones dependerá en gran medida de las decisiones financieras, de la capacidad de ajustar los recursos a las prioridades establecidas y de la aplicación efectiva de los mecanismos de seguimiento.

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