En todo el mundo las crisis se multiplican y las instituciones democráticas se enfrentan a tensiones crecientes. Conflictos armados prolongados, polarización política, puesta en cuestión del multilateralismo o ataques contra los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos de las mujeres figuran a menudo entre los primeros logros que se ven debilitados cuando se producen retrocesos democráticos.
Esta dinámica se produce en un momento en el que ningún país ha alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres. Según las Naciones Unidas, al ritmo actual de progreso todavía harían falta cerca de 300 años para poner fin a la discriminación contra las mujeres en el mundo.
Los conflictos, las crisis climáticas, la inflación, el endeudamiento o la inseguridad alimentaria agravan las desigualdades existentes y afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, en un contexto en el que los mecanismos de protección social y las políticas de reducción de las desigualdades siguen siendo insuficientes. Al mismo tiempo, la financiación destinada a la igualdad de género y a la cooperación internacional disminuye, mientras que se necesitarían 420.000 millones de dólares adicionales al año para alcanzar la igualdad de género en los países de renta baja y media. Por el contrario, el gasto militar mundial alcanzó un nivel récord de 2.887 billones de dólares estadounidenses en 2025.
Paralelamente, los movimientos contrarios a los derechos de las mujeres refuerzan su coordinación a escala internacional y amplían su presencia en los espacios políticos, mediáticos, digitales y multilaterales.
Las políticas exteriores feministas aparecen así, cada vez más, como herramientas de defensa de los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo. Al situar la igualdad de género en el centro de las políticas exteriores, las políticas de desarrollo y los procesos de paz, buscan responder a crisis que ya superan ampliamente las cuestiones de género.
Es en este contexto donde Madrid acogerá, los días 2 y 3 de junio de 2026, la V Conferencia Ministerial de política exterior feminista, un encuentro clave para reforzar las alianzas internacionales, defender los avances existentes y transformar los compromisos políticos en mecanismos concretos de financiación y rendición de cuentas.
Unos meses después de la Conferencia de París, que reunió a 31 Estados en torno a una declaración común sobre las políticas exteriores feministas, el encuentro de Madrid marca una nueva etapa. En un contexto internacional fragmentado, plantea una cuestión central: ¿cómo hacer de las políticas exteriores feministas una herramienta para defender los derechos, la paz, la cooperación internacional y las instituciones democráticas?
Descubra nuestro análisis de los principales retos de esta conferencia: estado actual de las políticas exteriores feministas, financiación de la igualdad de género, auge de las ofensivas anti-derechos, iniciativas y movilización de los actores de la sociedad civil, momentos clave de la V Conferencia Ministerial.
Índice
- La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista: una conferencia en la encrucijada de las crisis democráticas y geopolíticas
- Conferencias Ministeriales sobre Política Exterior Feminista
- Política exterior feminista: ¿de qué hablamos?
- Financiar la igualdad: compromisos todavía ampliamente insuficientes
- ¿Qué países donantes tienen en cuenta la igualdad de género en su ayuda al desarrollo?
- Ofensiva anti-derechos: una ofensiva política transnacional
- Madrid: una prueba para las políticas exteriores feministas
- Saber más
La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista: una conferencia en la encrucijada de las crisis democráticas y geopolíticas
Los días 2 y 3 de junio de 2026, Madrid acogerá la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, un encuentro internacional dedicado al papel de la igualdad de género en la defensa de la democracia, la paz y el multilateralismo.
Esta edición reunirá a estados comprometidos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, movimientos feministas, organizaciones de la sociedad civil, actores del ámbito de la investigación y fundaciones filantrópicas.
La agenda combinará sesiones plenarias, mesas redondas multi-actor y eventos paralelos en torno a varias prioridades:
- el papel de las mujeres en los procesos de paz y la prevención de conflictos;
- la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos frente al deterioro democrático;
- la financiación de la igualdad de género y de las organizaciones feministas;
- la promoción de un multilateralismo más inclusivo y representativo;
- las cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, los cuidados y la justicia económica.
Al margen de la Conferencia Ministerial, se organizarán varios eventos paralelos para reforzar la movilización y favorecer los intercambios entre expertos, responsables políticos y sociedad civil:
- Lunes 1 de junio: Foro de la sociedad civil, cuyas conclusiones alimentarán los debates de la conferencia.
- Martes 2 de junio: Diálogo parlamentario: «Una política exterior feminista impulsada por los parlamentos: derechos, igualdad y justicia global», organizado por el grupo parlamentario español sobre población, desarrollo y salud reproductiva, UNFPA y el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Desde las primeras adopciones de políticas exteriores feministas a finales de la década de 2010, el contexto internacional se ha transformado profundamente. Los conflictos armados se multiplican, el gasto militar mundial alcanza niveles récord y las instituciones multilaterales se enfrentan a bloqueos crecientes.
Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares estadounidenses en 2025, un gasto que aumenta de forma exponencial por décimoprimer año consecutivo. Al mismo tiempo, las agencias de Naciones Unidas alertan de la ralentización, e incluso del retroceso, de varios indicadores relacionados con la pobreza, el hambre o la igualdad entre mujeres y hombres, mientras que las necesidades humanitarias siguen aumentando y la financiación permanece estancada.
Las políticas exteriores feministas aparecen ahora menos como políticas sectoriales que como herramientas de respuesta a crisis sistémicas: conflictos prolongados, avance de los autoritarismos, desigualdades económicas, crisis climáticas y ataques contra los derechos humanos.
Esta evolución refleja también un cambio en la manera de entender las políticas exteriores. Las cuestiones relacionadas con el género ya no se asocian únicamente a las políticas sociales o de desarrollo. Cada vez más, las cuestiones de género se consideran indicadores de resiliencia democrática, cohesión social y prevención de la violencia.
En este contexto, las conferencias sobre políticas exteriores feministas desempeñan también un papel de coordinación estratégica entre estados, agencias multilaterales y organizaciones feministas para limitar el debilitamiento de las normas internacionales relativas a los derechos humanos.
Un año después de la Conferencia de París, el reto de la Conferencia de Madrid consiste ahora en pasar de los compromisos políticos a la implementación de acciones concretas.
Descubrir el programa y la nota conceptual de la conferencia.
Conferencias Ministeriales sobre Política Exterior Feminista
Desde 2022, conferencias ministeriales sobre política exterior feminista reúnen cada año a estados, organizaciones internacionales y movimientos feministas con el fin de reforzar la cooperación internacional en favor de la igualdad de género, derechos de las mujeres y un multilateralismo basado en los derechos humanos.
España figura hoy entre los países impulsores de las políticas exteriores feministas en Europa. Tras adoptar la política exterior feminista en 2021 , Madrid reforzó este compromiso con la adopción, en diciembre de 2025, de una nueva Estrategia de Cooperación Feminista destinada a orientar todos sus esfuerzos de cooperación internacional hacia la igualdad de género. Esta estrategia, sin embargo, se enmarca en una trayectoria más amplia: desde hace varios años, España desempeña un papel activo en la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU y, en particular, contribuyó de forma activa en la adopción de la Resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2015.
La estrategia de cooperación feminista aprobada en diciembre de 2025 defiende un enfoque político, interseccional y transformador de la igualdad de género. Considera las desigualdades como estructurales y vinculadas a otras formas de discriminación (económicas, raciales, territoriales o relacionadas con la discapacidad, la situación migratoria o la orientación sexual). Su objetivo declarado: transformar las relaciones de poder que perpetúan estas desigualdades, también en las prácticas de la cooperación internacional.
El documento pone especial énfasis en:
- los derechos sexuales y reproductivos;
- la lucha contra la feminización de la pobreza;
- un enfoque ecofeminista de las políticas climáticas;
- la participación de las mujeres en los procesos de paz;
- el apoyo a las organizaciones feministas y a los movimientos de defensa de los derechos humanos.
Política exterior feminista: ¿de qué hablamos?
Iniciada en 2014 por Suecia, bajo el impulso de su ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, y adoptada desde entonces por unos quince países, la política exterior feminista designa un enfoque de la política exterior que sitúa la igualdad de género y los derechos humanos en el centro de la acción internacional.
Este enfoque no se limita a la representación de las mujeres en las instituciones diplomáticas. Busca transformar las prioridades de la política exterior (ayuda al desarrollo, comercio internacional, clima, seguridad, migración, gobernanza económica o prevención de conflictos) a partir de una comprensión más sistémica de las desigualdades.
Una política exterior feminista se basa en el principio de coherencia de las políticas públicas: los compromisos en favor de la igualdad de género y los derechos humanos no pueden disociarse de las políticas comerciales, climáticas, migratorias, de seguridad o económicas impulsadas por los Estados.
Las políticas exteriores feministas suelen basarse en varios principios:
- la promoción de los derechos humanos;
- la redistribución del poder y de los recursos;
- la participación de las organizaciones feministas en los espacios de decisión;
- la prevención de los conflictos y las violencias;
- la consideración de las desigualdades estructurales en las políticas internacionales.
Las políticas exteriores feministas se basan también en los grandes marcos internacionales existentes en materia de igualdad de género y derechos de mujeres y niñas::
- la Plataforma de Acción de Beijing;
- la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);
- la agenda «Mujeres, Paz y Seguridad» de Naciones Unidas;
- la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las políticas exteriores feministas no constituyen, sin embargo, un modelo único. Si varios países europeos han articulado principalmente sus estrategias en torno a la ayuda oficial al desarrollo (AOD), la representación de las mujeres y los derechos humanos, varios países de América Latina, como México, Colombia o Chile, han desarrollado enfoques más amplios que integran cuestiones relacionadas con las desigualdades raciales, la colonización, los derechos de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente y las consecuencias sociales y ambientales de las industrias extractivas.
Estos enfoques se basan también en una crítica de los desequilibrios históricos en la gobernanza mundial: infrarrepresentación de los países del Sur Global en los espacios de decisión, concentración de la financiación internacional y escaso acceso de las organizaciones feministas locales a los recursos multilaterales.
En los espacios multilaterales, las políticas exteriores feministas buscan por último preservar espacios de negociación basados en los derechos humanos y los datos científicos, en un momento en el que las estrategias de desinformación y las ofensivas anti-derechos ganan terreno.
Financiar la igualdad: compromisos todavía ampliamente insuficientes
En 2015, todos los Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030, incluido el ODS 5 dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, a cuatro años de la fecha límite, la financiación necesaria para alcanzar estos objetivos sigue siendo ampliamente insuficiente.
La AOD constituye, en este sentido, una fuente de financiación esencial para el acceso a la salud, la educación, los derechos sexuales y reproductivos o las organizaciones feministas en los países más vulnerables. Las reducciones de los presupuestos de AOD afectan directamente a la financiación de los servicios públicos, la salud global, el acceso a herramientas anticonceptivas, la atención de salud materno-infantil y los servicios de prevención y atención de las violencias basadas en el género.
Los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea desembolsaron de media 60.700 millones de dólares al año entre 2023 y 2024 (últimos datos disponibles) para proyectos que apoyan la igualdad de género, es decir, el 44% de su AOD bilateral.
Pero esta financiación podría verse directamente afectada por el retroceso histórico que está sufriendo la AOD. Tras varios años de aumento, los principales países donantes redujeron de forma considerable sus presupuestos de cooperación internacional. En 2025, los miembros del OCDE CAD dedicaron 174.300 millones de dólares a la AOD, lo que supone una caída del 23,1 % con respecto a 2024. Por sí solos, los cinco mayores donantes de la OCDE CAD son responsables del 96 % de esta disminución: Estados Unidos (-57 %), Alemania (-17 %), Francia (-11 %), Reino Unido (-11 %) y Japón (-6 %).
¿Qué países donantes tienen en cuenta la igualdad de género en su ayuda al desarrollo?
Distribución de la AOD bilateral de los miembros del CAD de la OCDE según su consideración de la igualdad de género (importes 2023-2024)
para proyectos en los que la igualdad de género es un objetivo significativo
(44.1 % de la AOD bilateral)
para proyectos en los que la igualdad de género es el objetivo principal
(4.1 % de la AOD bilateral)
de la AOD bilateral apoya la igualdad de género.
Objetivo internacional: 85 %
Solo Países Bajos y España dedicaron al menos el 20% de su AOD a la promoción directa de la igualdad : 25 % en el caso de España y 25 % en el caso de los Países Bajos.
Importes de AOD bilateral asignados a organizaciones y movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y a instituciones gubernamentales.
Fuente: OCDE , datos actualizados en febrero de 2026.
➜ Más información sobre la financiación dedicada a la igualdad de género
Nota: Importes en millones de dólares estadounidenses asignados a proyectos de ayuda al desarrollo según el marcador de género del CAD de la OCDE: marcador 2 (la igualdad de género es el objetivo principal) o marcador 1 (la igualdad de género es un objetivo significativo). La definición de los marcadores puede consultarse aquí .
Fuente: OCDE , última actualización en febrero de 2026.
Los países que destinan la mayor proporción de su ayuda a la igualdad entre mujeres y hombres, como Países Bajos, España, Islandia, Irlanda o Suecia, no son necesariamente los principales donantes en volumen total de AOD. Esta brecha ilustra el fracaso colectivo a la hora de alcanzar el objetivo internacional de orientar al menos el 85% de la ayuda hacia la igualdad de género.
Esta fragilización de la financiación se produce mientras las organizaciones feministas y las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a una presión política creciente en numerosos países. Desde hace varios años, los movimientos opuestos a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género refuerzan su coordinación a escala internacional y su presencia en los espacios políticos, mediáticos y multilaterales.
Ofensiva anti-derechos: una ofensiva política transnacional
El término «backlash», designa una respuesta organizada contra avances sociales o políticos considerados amenazas por determinados actores políticos, religiosos o ideológicos. En el caso de los derechos de las mujeres, remite a las estrategias dirigidas a frenar, limitar o cuestionar los avances en materia de igualdad de género, derechos LGBTQIA+ y derechos sexuales y reproductivos.
La reacción contra los derechos de las mujeres ya no se limita a debates nacionales aislados. Se inscribe en dinámicas transnacionales coordinadas, respaldadas por redes políticas, financieras, mediáticas y digitales altamente estructuradas. Esta progresión se produce en un contexto más amplio de retroceso democrático a escala mundial. Según el informe Freedom in the World 2026, el año 2025 marca el 20.º año consecutivo de deterioro de las libertades en el mundo: 54 países registraron un empeoramiento de los derechos políticos y las libertades civiles, frente a 35 países que registraron una mejora.
Los movimientos «anti-derechos», o «anti-género», comparten estrategias, narrativas y espacios de influencia comunes, a menudo articulados en torno a la defensa de los «valores tradicionales», el rechazo del multilateralismo o la impugnación de los derechos humanos. En Europa, según el informe The Next Wave del European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, hoy en día se identifican 275 actores anti-derechos, frente a una cincuentena en 2018. Su financiación acumulada alcanza los 1.180 millones de dólares entre 2019 y 2023.
En numerosos países, las ofensivas contra los derechos sexuales y reproductivos, especialmente mediante restricciones al acceso al aborto, la anticoncepción o la educación sexual, así como ataques contra los movimientos feministas y las personas LGBTQIA+, van acompañadas de un retroceso más amplio de las libertades cívicas y de los contrapesos democráticos. Los ataques dirigidos contra las organizaciones feministas y las personas defensoras de los derechos humanos aparecen como una de las señales de una fragilización democrática más amplia.
Los movimientos anti-derechos intensifican sus acciones en los espacios multilaterales para cuestionar las referencias a los principios de derechos humanos, la justicia social o la igualdad de género. Algunos actores utilizan estrategias denominadas de «norm spoiling», consistentes en debilitar progresivamente las normas internacionales cuestionando su vocabulario, su alcance o su legitimidad, en lugar de oponerse frontalmente a ellas.
Estas dinámicas superan ya las cuestiones de género. Las ofensivas anti-género se articulan también, cada vez más, con campañas de desinformación científica, discursos negacionistas del cambio climático y erosión de las instituciones democráticas.
Las plataformas digitales desempeñan hoy un papel central en la difusión de campañas anti-derechos y estrategias de desinformación dirigidas contra organizaciones feministas, personas defensoras de los derechos humanos o instituciones internacionales. Los contenidos misóginos y anti-género ganan también visibilidad, contribuyendo a la polarización de los debates públicos y a la normalización de las violencias machistas.
En este contexto, las políticas exteriores feministas aparecen cada vez más como herramientas de resistencia democrática, defensa de los derechos humanos y preservación del multilateralismo.
Las recientes sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) y de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD59) ilustraron la intensificación de las ofensivas anti-derechos en los espacios multilaterales.
En la
CSW70
, dedicada al acceso a la justicia para mujeres y niñas, las negociaciones estuvieron marcadas por intentos repetidos de debilitar el lenguaje relativo al género, los derechos sexuales y reproductivos o el papel de la sociedad civil. Estados Unidos, por ejemplo, se opuso particularmente a varias referencias consideradas, sin embargo, asentadas desde hacía tiempo en los textos de las Naciones Unidas.
Por primera vez en la historia de la Comisión, las conclusiones acordadas no pudieron adoptarse por consenso y tuvieron que someterse a votación. El texto fue finalmente adoptado por una amplia mayoría, pese a la oposición de Estados Unidos.
La
CPD59
confirmó esta polarización creciente. Los Estados miembros no lograron adoptar un texto final consensuado, lo que reveló divisiones profundas en torno a los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género.
Estas tensiones reflejan una evolución más amplia de las negociaciones internacionales. En varios espacios multilaterales, el objetivo ya no consiste únicamente en hacer avanzar los derechos humanos, sino también en
preservar los avances existentes frente a los intentos de retroceso.
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Madrid: una prueba para las políticas exteriores feministas
La Conferencia de Madrid se celebra en un momento de profunda recomposición del orden internacional.
La aceleración de las crisis climáticas, los conflictos armados prolongados, el avance de los regímenes autoritarios y las tensiones en torno la cooperación internacional y el multilateralismo cuestionan la capacidad de los estados para construir respuestas colectivas basadas en los derechos humanos y la equidad.
Desde esta perspectiva, las políticas exteriores feministas aparecen como mucho más que una agenda temática: proponen una visión política del mundo basada en la cooperación más que en la confrontación, en la representación más que en la exclusión, y en los derechos más que en las relaciones de poder.
La conferencia de Madrid constituirá así una prueba importante: ¿lograrán los estados comprometidos con las políticas exteriores feministas transformar sus compromisos políticos en financiación sostenible, mecanismos de rendición de cuentas y reformas concretas de las políticas internacionales?
La cuestión supera, de largo, el reto importantísimo de la igualdad de género. Defender los derechos de las mujeres hoy significa también defender la democracia, el multilateralismo y la propia posibilidad de un futuro común.
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