3 preguntas a Morena Herrera, Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, galardonada con el Premio Simone Veil

Entrevista con Morena Herrera, Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, galardonada con el Premio Simone VEIL

Focus 2030 : Al igual que en otros seis países de América del Sur y el Caribe, el aborto es ilegal en El Salvador desde 1998 y su práctica conlleva duras penas de prisión para las mujeres y los prestadores de servicios de salud, lo que ha llevado al encarcelamiento de muchas mujeres. Su organización, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, trabaja por la liberación de las mujeres encarceladas por abortar o intentar hacerlo. Desde 2009, han conseguido la liberación de 67 mujeres y trabajan para concienciar sobre la salud sexual y reproductiva. ¿Puede hablarnos más de su trabajo, especialmente de la campaña « Las 17 » ?

Morena Herrera : En El Salvador desde 1974, el Código penal, si bien consideraba el aborto como delito, contemplaba como eximentes los casos que denominaba como aborto terapéutico, criminológico y eugenésico, que, aunque con limitaciones en su acceso, permitían a las mujeres la interrupción de embarazos y al personal médico practicarlo. Sin embargo en 1997, en el marco de los Acuerdos de Paz, se realizó una reforma al Código Penal. La Comisión que elaboró la propuesta de cambios, en el tema de aborto solo proponía algunos ajustes para hacer más ágil su autorización. Sin embargo, sectores conservadores con el liderazgo de las jerarquías de la iglesia católica, propusieron la penalización absoluta del aborto y a pesar de la oposición de algunas mujeres feministas, fue aprobado, convirtiendo a El Salvador en uno de los únicos 8 países en el mundo con penalización absoluta del aborto, incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante.

Lo que supuso la violación al principio de no regresividad respecto a un derecho que ya tenían garantizadas las mujeres y el personal de salud.

Esta ley contemplaba también, un nuevo artículo, el 136, denominado inducción o ayuda al aborto, con penas de 2 a 5 años de cárcel y sin delimitar claramente que acciones se contemplan. Esta amenaza, unida a que la Fiscalía General de la República, girara una circular a todos los hospitales del país, conminando al personal médico a denunciar a cualquier mujer que llegara al hospital con sospecha de haberse provocado aborto, amenazándoles que de no hacerlo serian considerados colaboradores. Todo ello genero un ambiente de temor y de desconocimiento de que estaba ocurriendo con la aplicación de la nueva legislación.

Fue en 2006, cuando una investigación realizada por el New York Times, señalo que habían entrevistado en El Salvador a Karina, una mujer que cumplía una condena de 30 años por aborto. Esta noticia fue un detonante que hizo que algunas personas nos pusiéramos en alerta del impacto que estaba teniendo la legislación penalizadora. Al conseguir y estudiar el expediente pudimos entender porque estaba condenada a 30 años cuando la pena máxima por aborto era de 8 años de prisión. Karina, que era la mujer condenada, a pesar de haber sido esterilizada en la ISSS, quedo embarazada sin ella saberlo, tuvo un parto precipitado y la criatura murió. En el Hospital del ISSS donde la llevaron la acusaron de haber abortado y la denunciaron. La fiscalía al iniciar el proceso vio que la gestación estaba en etapa avanzada y por tanto legalmente no se podía considerar un aborto que según el MINSAL y la OMS es hasta los 22 meses de embarazo. Entonces en vez de rectificar y considerarlo una emergencia obstétrica, es decir un problema de salud, le cambiaron la tipificación del delito y la acusaron de haber asesinado a la criatura, condenándola a 30 años por homicidio agravado en grado de parentesco. Aquí inicio la defensa legal de mujeres condenadas en el marco de las consecuencias de la ley penalizadora en el sistema judicial. Costo mucho encontrar una estrategia, pues los abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos nos decían que « era cosa juzgada y nada se podía hacer », pero al final, a través de una revisión de sentencia, una figura jurídica poco empleada por su dificultad, se logró en 2009, que se absolviera y pusiera en libertad a Karina.

Lograr la libertad de Karina, aunque tardamos 3 años en conseguirlo, nos permitió vislumbrar que había posibilidad de hacer frente a esa ley tan injusta y sus consecuencias. Nos dio mucha fuerza. 

Karina al salir de la cárcel nos dijo, « yo no soy la única, hay otras mujeres condenadas por situaciones similares, pero tienen miedo de hablar ». Fue ahí que nos pusimos a investigar por todos los juzgados de sentencia del país, hasta lograr identificar a cuantas mujeres habían sido procesadas y cuantas estaban condenadas por homicidio agravado contra sus propios hijos, les buscamos en los penales, empezamos a hablar con ellas, a conocer sus historias y comprobar que en la mayoría de los casos habían sufrido emergencias obstétricas. Todas eran mujeres que vivían en situación de pobreza, con baja escolaridad y en comunidades marginalizadas. Iniciamos el estudio de cada caso para que se revisara su sentencia, pero, aunque lo logramos en algún otro caso, requería un esfuerzo y recursos con los que no contábamos. Por ello valoramos priorizar el lograr su libertad a través de la solicitud de un indulto, que fue presentado de forma individual, pero en un mismo acto, ante la Asamblea legislativa en abril de 2014. 

Fueron 17 las mujeres que cumplían los requisitos necesarios para poder solicitar el indulto en ese momento. Así nace el nombre de « Las 17 », porque queríamos que ellas fueran sujeto de la solicitud, ponerles nombre, rostro, mostrar quienes eran, cuales eran sus vidas, sus sueños y por ello se organizó esta campaña que ha durado 7 años con la frase « Libertad para Las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten », simbolizando en una flor con 17 pétalos, a este conjunto de mujeres.

A lo largo de estos años ha sido necesario buscar nuevas estrategias legales y penitenciarias por ir logrando su libertad. Explicando sus casos a funcionarios del Sistema penitenciario, del Ministerio de Justicia, articulando colaboraciones para brindarles pequeños apoyos dentro de prisión, coordinando con sus familias, promoviendo que se apoyaran entre ellas dentro de la cárcel y celebrando la libertad de cada una, informando en los medios de comunicación, para contribuir a cambiar la visión que la sociedad tiene de estas mujeres.

El 9 de junio del 2022, celebramos en el Parque Cuscatlán, que no solo ya habían sido liberadas « Las 17 » , sino que hemos logrado que recuperaran su libertad 65 Mujeres, procesadas y condenadas, en el marco y la influencia de la legislación que penaliza absolutamente el aborto.

Para enero del 2023 hemos logrado la libertad de 70 mujeres.

La defensa de estas mujeres ha sido un proceso central. También han sido de gran importancia el litigio internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el caso Manuela y familia, que tuvo una resolución importante por parte de la Corte en noviembre de 2021 y cuyos mandatos se están aplicando paulatinamente algunas medidas por parte del Estado de El Salvador. Manuela fue criminalizada por una emergencia obstétrica, condenada a 30 años de prisión, murió en la cárcel por un cáncer que padecía y que no fue tratado adecuadamente. 

El próximo caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el Beatriz versus El Salvador, la Corte IDH ha convocado a audiencia los próximos días 22 y 23 de marzo, la resolución puede ser de gran trascendencia para la familia de Beatriz y también para avanzar en una legislación salvadoreña con mayor reconocimiento a los derechos de las mujeres. A Beatriz que era una joven de 22 años se le negó la interrupción del embarazo, a pesar que 15 médicos especialistas del hospital nacional de maternidad lo habían recomendado, porque tenía lupus con afectación renal y gestaba un feto con anencefalia (no tenía cerebro) y no tenía viabilidad vital fuera del útero. Le hicieron esperar 81 días con mucho sufrimiento. Beatriz con nuestro apoyo, presento la demanda, con el deseo« que otra mujer no vuelva a pasar por lo que yo viví ».

Focus 2030 : Este año, la Agrupación Ciudadana ha recibido el « Premio Simone VEIL de la República Francesa para la Igualdad de Género », un reconocimiento instituido por el Presidente de la República Francesa para recompensar a personalidades y organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el mundo. ¿Qué supondrá para usted este premio ? ¿Qué esperan de la comunidad internacional, y especialmente de países como Francia, que promueven la « diplomacia feminista » en la escena internacional, para que apoyen a organizaciones como la suya ?

Morena Herrera : Este premio es muy relevante y significativo para quienes defendemos el derecho de las mujeres a poder decidir autónomamente sobre su cuerpo y su vida. 

Es un premio que concede el Gobierno de Francia a personas o colectivos que trabajan en cualquier parte del mundo por los derechos de las mujeres y es en memoria a Simone Veil, una mujer sobreviviente de los campos de concentración nazi, que fue Ministra de Salud en Francia logrando con una lucha tenaz y capacidad de construir consensos la aprobación de la legalización del aborto en Francia en 1975. Es reconocida también por dedicar su vida a la lucha contra la intolerancia, convirtiéndose en la primera mujer electa como Presidenta del Parlamento Europeo.

Por eso para la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y para mí en su representación, este premio, nos fortalece, pues supone el reconocimiento al trabajo tenaz que venimos haciendo desde hace ya más de 10 años, el reconocimiento que estamos del lado de la justicia, y la importancia de ir avanzando en garantizar un derecho tan fundamental para las mujeres, como la capacidad de poder decidir sobre de forma libre y autónoma ante un embarazo que pone en riesgo su vida, su salud, su integridad y dignidad.

Que este esfuerzo colectivo sea visto y reconocido desde los gobiernos de otros países, nos acuerpa, nos fortalece y nos da ánimos para continuar luchando.

Los avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres a nivel internacional, se convierten en referentes y puntos de apoyo para nuestra lucha por que se garanticen en El Salvador. Cada vez son más los gobiernos que asumen el compromiso con la agenda feminista y en ese sentido, promueven una diplomacia feminista de apoyo político, simbólico y material a las demandas de las mujeres en otros países. Para nosotras es importante la interlocución que establecemos con estos gobiernos, tanto a través de su representación diplomática en El Salvador, como los vínculos de colaboración con sus instituciones y con la sociedad civil de estos países. Esperamos seguir teniendo este respaldo y apoyo, así como el soporte a las organizaciones que desarrollamos este trabajo en El Salvador.

Focus 2030 : En 2017, la comunidad internacional, a través del Comité de la CEDAW, pidió al gobierno salvadoreño que modificara el código penal para despenalizar el aborto y autorizarlo en determinadas circunstancias. La cuestión del aborto avanza en algunos países sudamericanos, como Colombia y Argentina, que han legalizado recientemente el aborto tras movilizaciones sin precedentes de los movimientos feministas de estos países. ¿Podemos imaginar el surgimiento de un movimiento feminista regional capaz de hacer avanzar los derechos de las mujeres en los próximos años ? ¿Cuáles son, en su opinión, los obstáculos y las oportunidades que hay que tener en cuenta ?

Morena Herrera : La capacidad de movilización incidencia y perseverancia de los movimientos de mujeres y feministas en diversos países de Latinoamérica y el Caribe, ha tenido avances concretos muy importantes en estos últimos años. En Argentina, Colombia, México, Chile, Ecuador se han logrado cambios concretos en el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, ante determinadas circunstancias que ponen en riesgo su vida, su salud, su integridad personal. Sin embargo, en Centroamérica, a pesar del trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres hemos hecho por avanzar en el reconocimiento de este derecho, siguen concentrando a los países con una legislación más restrictiva respecto al aborto, no solo del continente sino a nivel mundial. 

Pensamos que para los movimientos globales que se oponen a los derechos de las mujeres y de las personas sexo género disidentes, nuestra región es visualizada como el campo de experimentación de un modelo de gobierno más autoritarios, menos respetuoso de estos derechos, donde se manipula la religiosidad de la población para imponer una agenda y códigos de conducta que no responden a criterios de salud pública y de reconocimiento de derechos, sino a visiones y mandatos de jerarquías eclesiásticas.

En nuestra región hay espacios de articulación como La Sombrilla Centroamericana donde nos coordinamos organizaciones defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos de todos los países de Centroamérica, logrando intercambiar experiencias y apoyando de forma solidaria los procesos de incidencia que se dan en los diferentes países.

Sabemos que nuestra región vive un proceso de des-democratización y de gobiernos populistas poco respetuosos de los derechos humanos, pero también sabemos que la conquista de nuestros derechos no ha sido fácil y ha sido larga : el derecho al voto, el divorcio, el acceso a la universidad, los servicios de salud sexual y reproductiva, han sido conquista que en algunos casos han costado décadas. Actualmente en nuestra región hay un amplio tejido social de organizaciones de mujeres, las jóvenes están asumiendo un importante protagonismo en la defensa de sus derechos y de igual forma las personas de LGTBI, las organizaciones trans se han sumado con fuerza a conquistar el reconocimiento de sus derechos y de forma muy relevante los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por ello, sin desconocer las dificultades que enfrentamos, tenemos el convencimiento de que iremos avanzando en lograr el reconocimiento y garantía al derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

La noche que se cambio el código penal en la Asamblea Legislativa éramos cinco feministas las que hacíamos protesta, en la actualidad son cientos y a veces miles las que se movilizan, la mayoría jóvenes y muy jóvenes. Allí esta nuestra confianza de que avanzamos. Y con el ejemplo de Simone Veil, en su lucha contra la intolerancia, estamos seguras que lo lograremos.