Nueva ley de cooperación internacional: una oportunidad imperdible para reforzar la AOD de España

La nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global podría estar aprobada a finales de 2022. El pasado 31 de mayo, el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, dio luz verde a este nuevo proyecto de ley cuyo borrador fue redactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con las aportaciones de diferentes ministerios, Comunidades Autónomas, entes locales y organizaciones de la sociedad civil española. Ahora, y durante los próximos meses, el Congreso de los Diputados va a discutir el contenido de esta propuesta normativa que se espera que entre en vigor a principios del año que viene.

La futura ley, que representa la medida estrella de la presente legislatura en términos de política de desarrollo internacional, viene a actualizar la actual Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y responde a la demanda del sector y al compromiso del Gobierno de renovación del marco legal de la cooperación española ante los cambios que se han registrado en el desarrollo global.

Ciertamente, el marco político y jurídico del desarrollo internacional ha cambiado significativamente desde 1998, cuando entró en vigor la anterior ley española de cooperación internacional. En este sentido, destaca la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) en el año 2000, la Declaración de París (2005), los foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda de Accra (2008) y Busan (2011), la articulación de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y, más recientemente, la adopción en 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Junto con la necesidad de acomodar el marco jurídico de la Cooperación Española a los retos del mundo actual, el proyecto de ley parte asimismo de la voluntad de reforzar los instrumentos administrativos, financieros y operativos de la política de cooperación para el desarrollo.

Por un lado, el proyecto de ley presentado por el ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez incluye, por primera vez en la historia de España, el objetivo de alcanzar la meta del 0,7 para la financiación del desarrollo. Sin demasiada ambigüedad, el borrador aprobado por el Consejo de Ministros enfatiza la necesidad de aumentar la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) española hasta el 0,7% del PIB para el año 2030, hecho que ha sido ampliamente aplaudido por ONG, expertos y expertas y profesionales del mundo del desarrollo.

En cumplimiento de los compromisos multilaterales y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea, España destinará el 0,7% de la renta nacional bruta (en adelante, RNB) a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030.

Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2021, España desembolsó un volumen de AOD neta de 2.995 millones de euros, o un 0,25% del PIB. Con esta cifra, España se sitúa en el decimotercer puesto del ranquin de principales donantes de la OECD.

De ser alcanzado, y según las estimaciones realizadas por Focus 2030, dicho objetivo ubicaría a la AOD española en un desembolso neto anual de 10.484 millones de euros en el año 2030, lo que representaría un aumento de alrededor de 7.000 millones de euros respecto al volumen de ayuda que el gobierno prevé desembolsar en el año 2022. Un aumento que vendría a consolidar la apuesta del actual gobierno por reforzar la AOD española, después de los severos recortes infligidos después de la Gran Recesión durante la década de 2010.

Por otro lado, con la futura ley, se pretende reforzar los cuerpos administrativos que se ocupan de definir, gestionar e implementar la política de cooperación para el desarrollo. Junto con una profunda y esperada reforma de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se prevé armonizar todo el sistema de ayuda financiara y reembolsable española, con la figura del Fondo para el Desarrollo Sostenible (FONPRODE) como principal sujeto de intervención, y crear una nueva unidad de evaluación y monitoreo de la ayuda en el seno de la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES).

Con la aprobación de la nueva ley de cooperación, el gobierno persigue también los objetivos de promover una mayor centralidad del principio de coherencia de políticas; asegurar la atracción, retención, capacitación y especialización de los recursos humanos; y mejorar el seguimiento y la evaluación de la cooperación.

En cuanto a contenidos, y a la espera de posibles enmiendas durante el periodo de tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de cooperación subraya los siguientes principios fundamentales sobre los cuales se pretende desplegar la política española de desarrollo global:

• Principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española, y los marcos normativos de referencia de las Naciones Unidas y de la Unión Europea.
• Solidaridad con las personas más desfavorecidas y con las generaciones futuras en favor del desarrollo sostenible.
• Reconocimiento de la interdependencia y la corresponsabilidad de todas las personas con el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
• Reconocimiento del ser humano, en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último del desarrollo, con un enfoque de desarrollo humano y de seguridad humana, basado en derechos.
• Igualdad de género como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el empoderamiento de las mujeres y las niñas, desde una perspectiva interseccional, así como afianzar sus derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de derechos humanos y de salud pública universal.
• Derechos de la infancia como elemento transversal de la cooperación española.
• Preservación del planeta, el clima y la biodiversidad, como sustento de la vida humana, y condición ineludible y finalidad del desarrollo sostenible.
• Defensa y el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, incluidas la racial, étnica, social, política, ideológica, religiosa o de culto, cultural, por discapacidad, familiar y sexual, y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
• Democracia, estado de derecho, promoción de instituciones sólidas, eficaces, inclusivas y transparentes que rindan cuentas, la seguridad humana, y la promoción de una cultura de paz.

Por lo que respecta a las prioridades estratégicas, según lo recogido en el borrador de la nueva ley de cooperación, la política española de cooperación para el desarrollo sostenible planificará y organizará su actuación en el marco de los objetivos y metas globales de desarrollo sostenible. Asimismo, se definirán objetivos y prioridades sectoriales y geográficas mediante la elaboración quinquenal del Plan Director de la Cooperación Española.

En cuanto a las prioridades geográficas, se otorgará atención preferente a las áreas que integran la vecindad geográfica y cultural en el norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana, en particular a los países de África Occidental y Sahel, y de habla española y portuguesa, así como a los países de América Latina y el Caribe y en el marco iberoamericano.